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En el primero de los dos artículos del blog de Radosveta Vassileva, la jurista escribe sobre su experiencia personal en el uso indebido de Interpol por parte de Bulgaria para promover acusaciones falsas y persecución política transnacional contra ella y su familia.
La segunda parte examinará el intento de Bulgaria de manipular a la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol y cómo, finalmente, Vassileva recurrió con éxito las difusiones y notificaciones rojas por motivos políticos.
Puedo dar fe personalmente de cuatro casos distintos en los que la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF) ha considerado que Bulgaria infringía el artículo 2.1 del Estatuto de Interpol, que exige que la asistencia mutua entre autoridades policiales se ejerza "en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos" (DUDH).
Se puede discernir un patrón de abusos del sistema de Interpol por parte de la Fiscalía de Bulgaria. Lamentablemente, en contra de la popular frase de Goldfinger, de Ian Flemming, "Una vez es casualidad. Dos veces es coincidencia. Tres veces es acción enemiga", en mi opinión ninguno de estos abusos fue accidental.
Bulgaria, miembro de la UE, utiliza indebidamente el sistema de Interpol para perseguir a quienes resultan incómodos para su régimen de forma similar a estados rebeldes como Rusia y Turquía.
A lo largo de tres años, la Fiscalía búlgara puso en el punto de mira a mi padre, luego a mi madre y después a mí, al incluirnos en la lista de personas buscadas por Interpol. Hay rasgos específicos de nuestra historia que pueden resultar interesantes para quienes investigan el uso indebido de notificaciones rojas y mensajes de difusión por parte de Estados delincuentes. La Fiscalía búlgara tenía una estrategia personalizada sobre cómo utilizar el sistema de Interpol contra cada uno de nosotros.
Este acoso personalizado es posible gracias a las lagunas del Reglamento sobre Tratamiento de Datos (RPD) de Interpol, unido al hecho de que la Fiscalía de Bulgaria no está sometida a ningún control. De hecho, se considera que la Fiscalía es una de las amenazas más antiguas para el Estado de Derecho búlgaro porque tiene una estructura vertical, inspirada en la prokuratura soviética, en la que todas las decisiones dependen del Fiscal General. Además, su toma de decisiones en la fase de instrucción, que puede durar indefinidamente, no está sujeta a control judicial (véase, por ejemplo, aquí , aquí , aquí ).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebrada que las órdenes de detención europeas emitidas por la Fiscalía, incluidas las que se basan en órdenes de detención nacionales emitidas por la Fiscalía, violan el artículo 47 (derecho a un juicio justo) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE porque el tribunal nacional no controla su legalidad.
Serbia ha concedido asilo político a mi familia y, en procedimientos separados, los tribunales serbios han denegado nuestra(s) extradición(es) a Bulgaria por motivos de persecución política (según lo previsto en el Convenio Europeo de Extradición y el Tratado Bilateral de Asistencia Jurídica Mutua entre Bulgaria y Yugoslavia). No obstante, fue el CCF el primero que se posicionó en nuestro caso al identificar el procesamiento en violación de la DUDH.
Los hechos de este caso abarcan más de una década y merecen incluso un libro (se pueden encontrar más detalles aquí , aquí , aquí ). No obstante, parece necesario un breve trasfondo para explicar cómo se entreteje en la historia el abuso del sistema de Interpol.
En pocas palabras, mi padre, Tzvetan Vassilev, un empresario búlgaro, fue extorsionado por los políticos. Se negó a sucumbir a sus exigencias de transferir activos gratuitamente, y en 2014 políticos búlgaros, instituciones estatales (incluida la Fiscalía) y el banco ruso VTB conspiraron para quebrar artificialmente el banco del que era accionista mayoritario. Así se pudieron robar los activos del banco, una práctica conocida en Rusia como asalto estatal. Hoy en día, los activos del banco son fácilmente rastreables: o bien pasaron por las manos de los apoderados del VTB, o bien por las manos de los apoderados de los círculos políticos que extorsionaron a mi padre.
Sin embargo, la connivencia consistió en culpar a mi padre de la quiebra del banco. La Fiscalía inventó varios cargos acusándole de quebrar su propio banco, emitió una notificación roja pública y solicitó su extradición desde Serbia. Para mí su plan estaba claro: al final querían mantenerlo detenido, donde iban a asesinarlo o torturarlo para que admitiera que era culpable de algo que no era cierto, enterrando así toda la historia y las huellas de su conspiración.
Cuanto más intentaba mi padre defender sus derechos hablando públicamente de lo sucedido o presentando demandas ante las instituciones competentes, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ( ver aquí por un caso que se ganó recientemente), más represalias tomó la Fiscalía de Bulgaria. El catálogo de abusos es amplio y extenso: falsificación de documentos, acoso a testigos, incluso manteniéndolos bajo custodia, para obligarles a dar falsos testimonios contra mi padre, mantenimiento bajo custodia del propio abogado de mi padre, etc.
La Fiscalía búlgara se sintió progresivamente frustrada al no poder obtener la extradición de mi padre desde Serbia. Enviaron tres peticiones adicionales y desordenadas para su extradición antes de que el tribunal serbio se hubiera pronunciado de forma concluyente sobre su primera petición, violando el principio bien establecido de especialidad en el derecho internacional. Entretanto, en una maniobra de relaciones públicas muy mediática, también enviaron cartas a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa pidiéndoles que presionaran a los tribunales serbios para que permitieran su extradición, comprometiendo la imparcialidad del proceso.
El acoso se trasladó entonces a los dos únicos familiares directos de mi padre: mi madre y yo.
En nuestros dos casos, existe una relación de causalidad entre el intento de mi padre de defender sus derechos y el uso indebido del sistema de Interpol por parte de las autoridades búlgaras.
En 2016, mi padre concedió una entrevista (ahora convenientemente borrada después de que el régimen de Boyko Borissov cerrara por la fuerza un canal de televisión independiente) en la que hablaba de las prácticas de chantaje de Borissov. Poco después, mi madre, Antoaneta Vassileva, una reputada profesora de economía que fue decana de la prestigiosa Facultad de Economía y Política Internacional de la Universidad de Economía Nacional y Mundial, recibió una notificación roja de Interpol.
En su caso, similar al de mi padre, la Fiscalía planeó utilizar la notificación como herramienta de linchamiento en colaboración con la prensa sensacionalista próxima al régimen de Borissov. Tradicionalmente, la Fiscalía búlgara desinforma a la opinión pública de los fines de las difusiones rojas y del papel de Interpol: utiliza estas difusiones para afirmar en público la culpabilidad de una persona (mi madre no tiene ninguna acusación a día de hoy), presentándolas como un aval y un reconocimiento internacionales de su labor.
En 2017, mi padre presentó una solicitud en virtud de la Ley Global Magnitsky (GMA) de Estados Unidos contra el entonces fiscal general, Sotir Tsatsarov, y un aliado de Borissov detrás de la cortina, el político Delyan Peevski, describiendo en detalle su participación en la conspiración contra él y argumentando que eran responsables de corrupción y abusos contra los derechos humanos (ver aquí ). Peevski fue más tarde sancionado por corrupción por la OFAC estadounidense en 2021 y por el gobierno británico en virtud de su Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción en 2023.
La solicitud de mi padre recibió una gran atención mediática en Bulgaria y en el extranjero. Poco después me enteraría por las malas de que la Fiscalía había publicado una difusión sobre mí. Aunque una difusión tiene el mismo efecto que una notificación roja, su publicación es mucho más sencilla y rápida, ya que no pasa por la Secretaría General de Interpol para su examen con arreglo al artículo 77 del Reglamento de Procedimiento.
Los mensajes de difusión son enviados directamente por una Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol a otras OCN de todo el mundo. Corresponde exclusivamente a la OCN emisora garantizar el cumplimiento del RPD de Interpol. En Bulgaria, sin embargo, la OCN, que formalmente forma parte de una dirección del Ministerio del Interior, es, en la práctica, una mera extensión de la Fiscalía.
Soy jurista y normalmente resido en el Reino Unido. Desde que mi padre vivía en Serbia, iba a visitarle por su cumpleaños. En 2017 compré mi billete de Londres a Belgrado con varios meses de antelación. La presentación de la solicitud de mi padre en virtud de la GMA se solapó con este viaje y poco después de mi llegada a Serbia fui detenido y entregado a la OCN.
Resultó que la Fiscalía de Bulgaria me había constituido en parte acusada in absentia , y emitió una orden de detención y una difusión de Interpol el mismo día. Las autoridades búlgaras nunca me habían interrogado, ni me habían citado conforme a la ley. De hecho, a día de hoy, no he sido ni interrogado, ni acusado.
Y lo que es aún más sorprendente, la OCN de Serbia me informó de que la Difusión se había enviado a tres países: Serbia, Irlanda y Chipre. Después de mi viaje a Belgrado, tenía previsto participar como ponente en la Conferencia Anual de la Sociedad de Juristas en Dublín y en otro acto relacionado con Chipre, ambas conferencias públicas. Mi visita a Serbia podría haber sido una suposición razonable o la Fiscalía podría haber obtenido información de la compañía aérea, pero las otras dos elecciones de países hacían evidente que me habían acechado en Internet y emitido la Difusión con el propósito de secuestrarme abusando del sistema de Interpol. El objetivo no era perseguir un fin legítimo de aplicación de la ley, sino apoderarse de mí y utilizarme como peón para presionar a mi padre.
La segunda parte de este blog será publicada por Red Notice Monitor el 28 de abril de 2023.
In this 4th part of the Red Notice Monitor’s Back to Basics series, we examine how Interpol’s notice system can be deployed when criminals and stolen goods cross borders, using the Louvre heist as our case study.
This blog addresses how to delete a Red Notice: process and challenges.
The study, published in June 2025, makes clear that transnational repression represents a direct assault on fundamental rights occurring on European soil.
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