Un juego de números: Los preocupantes datos de las notificaciones de incumplimiento registradas por Interpol

Las difusiones internacionales de Interpol se encuentran entre las herramientas más potentes de que dispone la organización, ya que permiten la detención y extradición de personas, así como la recopilación de información sobre una persona, o la difusión de advertencias sobre posibles actividades delictivas.

Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como bien saben los lectores de este blog, si se publican indebidamente, las difusiones, en particular las rojas, imponen graves consecuencias a personas inocentes, que van desde la deportación y los procedimientos de extradición hasta las detenciones administrativas para verificar la situación e incluso la congelación de activos financieros. Para evitar el uso indebido de estas herramientas, la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF) examina una parte de los datos registrados en la organización e informa anualmente de sus conclusiones a la Asamblea General de Interpol.

Hemos echado un vistazo a las estadísticas para ver qué revelan. Hasta la fecha, la CCF ha publicado informes que abarcan el periodo comprendido entre 2002 y 2023. Nuestro análisis de los datos del CCF revela algunas tendencias alarmantes, especialmente en tres ámbitos: (i) el creciente número de solicitudes presentadas al CCF, (ii) la persistente participación de regímenes autoritarios como emisores de difusiones impugnadas, y (iii) el sorprendentemente alto índice de éxito de las impugnaciones de la legalidad y conformidad de las difusiones registradas por Interpol.

La CCF se percibe a menudo como una institución de Interpol con escasez de personal y de fondos. Los datos lo corroboran: en su primer informe (2002), la CCF sólo recibió 120 solicitudes de revisión. Sin embargo, este número ha aumentado exponencialmente a lo largo de los años, alcanzando la asombrosa cifra de 2.743 solicitudes en 2023. En otras palabras, el número de casos presentados al CCF ha aumentado en 2.133%, superando con creces el alcance y el presupuesto originales de la Comisión.

El fuerte aumento de casos presentados al CCF suscita serias dudas sobre la capacidad de Interpol para hacer frente a la creciente demanda de supervisión. El aumento de sólo 120 solicitudes de revisión en 2002 a la escandalosa cifra de 2.743 en 2023 sugiere que cada vez son más las personas que encuentran motivos para cuestionar la legitimidad de las difusiones de Interpol. Aunque esto podría indicar un mayor conocimiento del mecanismo legal para controlar las actuaciones de Interpol, debido en parte a la masificación del uso de Internet, también sugiere que el sistema de difusiones de Interpol está siendo explotado con mayor frecuencia.

En segundo lugar, el CCF ha revelado qué notificaciones de los países se impugnan con mayor frecuencia. Aunque la CCF no revela sistemáticamente estos datos -quizás debido a su carácter sensible-, sí lo ha hecho para los periodos 2005-2009, 2012-2013 y 2015-2017. Aunque la CCF afirma en sus informes que la lista de países no indica necesariamente un patrón de difusiones no conformes, la aparición repetida de ciertas naciones -como Rusia, Emiratos Árabes Unidos, China, Moldavia, Venezuela y Turquía- confirma estadísticamente la necesidad de una supervisión más estricta, ya que estos países han utilizado sistemáticamente las difusiones de Interpol para perseguir a opositores políticos y empresarios implicados en disputas con el Estado, entre otros.

La tercera estadística, y quizá la más alarmante, es el elevado porcentaje de datos registrados por Interpol que, según el CCF, incumplen las normas de la organización. El CCF lleva publicando estos datos desde 2012, revelando tendencias preocupantes. En 2012, 42% de las difusiones revisadas se consideraron no conformes; en 2013, la cifra aumentó a 47%; en 2014, a 38%; en 2015, a 37%; en 2016, a 54%; en 2017, a 65%; en 2018, a 48%; en 2019-2020, a 57%; en 2021, a 61%; en 2022, a 57%; y en 2023, a 53%.

Así pues, es probable que una media de 50,8% de las denuncias presentadas ante el CCF sobre una difusión de Interpol se consideren no conformes. Con un porcentaje medio de fallos superior a 50%, los datos sugieren que las salvaguardias internas de Interpol no funcionan como deberían. Si se considera que más de la mitad de las difusiones revisadas infringen las propias normas de Interpol, ello implica que un número significativo de personas están siendo objeto de una persecución indebida. El elevado índice de incumplimiento subraya la necesidad de una supervisión más estricta antes de que se publiquen las difusiones, en lugar de confiar en un sistema de revisión defectuoso cuando el daño ya está hecho.

En última instancia, estas estadísticas apuntan a un problema de responsabilidad más profundo dentro de Interpol. Aunque el CCF desempeña un papel crucial en la lucha contra las difusiones ilícitas, su limitado presupuesto y recursos humanos dificultan la evaluación de la magnitud del problema. Si Interpol se toma en serio la prevención de los abusos, debe reforzar los mecanismos de supervisión, aumentar la financiación del CCF y aplicar normas más estrictas para garantizar que sus difusiones no se utilicen como arma de persecución. Sin reformas significativas, Interpol corre el riesgo de perder credibilidad como organismo internacional neutral y fiable encargado de hacer cumplir la ley.

El alarmante índice de notificaciones no conformes pone de manifiesto una grave deficiencia del sistema de Interpol, que afecta de forma desproporcionada a las personas que carecen de los conocimientos o los recursos económicos necesarios para impugnar una inclusión indebida en las listas. Mientras que las personas con conocimientos jurídicos y respaldo financiero pueden enfrentarse al complejo proceso de impugnación de una notificación, muchas otras permanecen indefensas, a menudo sin ser conscientes de su situación hasta que se enfrentan a una detención, a restricciones de viaje o a la congelación de sus activos. El hecho de que más de la mitad de las difusiones revisadas infrinjan las propias normas de Interpol indica que innumerables personas están siendo injustamente perseguidas, con escasos recursos a su disposición. Se trata de una cuestión de justicia fundamental. Si los regímenes autoritarios pueden manipular sus mecanismos para silenciar a los disidentes y saldar cuentas personales o políticas, la organización corre el riesgo de ser vista como una herramienta de represión y no de justicia. Reforzar la supervisión, aumentar la transparencia y hacer más accesibles los recursos jurídicos son medidas urgentes que Interpol debe tomar para evitar nuevos abusos.

La Comisión de Tratamiento de Datos (CPD), órgano de Interpol encargado de examinar el tratamiento de datos por parte de la Organización y de formular recomendaciones al respecto, ha iniciado recientemente un proceso de revisión del marco jurídico que rige la labor del CCF. El CPD solicitó contribuciones de la sociedad civil en relación con el procedimiento de examen de nuevas solicitudes al CCF y con el uso indebido de los procedimientos del CCF. Los editores de Red Notice Monitor, Ben Keith y Rhys Davies, presentaron contribuciones en las que sugerían enfoques prácticos para reforzar las modificaciones propuestasfacilitar su aplicación y limitar los abusos. Publicaremos las propuestas en nuestro próximo blog.

Imagen: vía Unsplash por Nicholas Cappello

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Gracias a Cristian González Ruiz por su ayuda en la investigación y redacción de este blog.

Cristian es abogado titulado en Colombia y Consultor Internacional con experiencia en litigio estratégico ante tribunales nacionales e internacionales. Fue galardonado como Abogado Pro-Bono del año en 2021. Cristian tiene una Maestría Avanzada en Derecho Internacional Público (Cum Laude) de la Universidad de Leiden, una Maestría en Derecho Internacional, una Licenciatura en Ciencias Políticas y un Doctorado en Derecho (eq.) por la Universidad de Los Andes (Colombia).