El papel de la política de Interpol en materia de refugiados
La Resolución sobre Refugiados de Interpol, introducida en 2017, sirve de piedra angular para la protección de los derechos humanos de los refugiados. En ella se ordena que "toda notificación roja o difusión debe ser retirada cuando la persona en cuestión haya sido reconocida como refugiado en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y cuando la notificación esté relacionada con su persecución por parte del país del que ha solicitado asilo" [ Resolución de INTERPOL sobre los refugiados ].
Esta política refleja el compromiso de Interpol con la defensa del principio de no devolución, elemento clave del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El artículo 33 prohíbe la devolución de refugiados a un país en el que su vida o su libertad corran peligro a causa de su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social. El sistema de Interpol desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que las personas que huyen de la persecución no sean injustamente perseguidas por sus gobiernos de origen mediante notificaciones rojas con motivaciones políticas.
Sin embargo, la eficacia de esta política depende en gran medida de la honradez de los Estados miembros de Interpol a la hora de presentar información precisa y legítima. Cuando se abusa de esta confianza, como en el caso de Moldavia, se ponen en peligro los cimientos mismos de la cooperación internacional.
Acusaciones contra Vitalie Pîrlog
Vitalie Pîrlog, que en su día dirigió la Comisión de Control de Ficheros (CCF) de Interpol, ocupaba un cargo que exigía la máxima integridad. La CCF es responsable de garantizar que las difusiones de Interpol se ajustan a la legislación internacional y no violan los derechos humanos. Sin embargo, a Pîrlog se le acusa de haber abusado gravemente de su posición de poder.
Investigación periodística de RISE Moldova reveló que Pîrlog supuestamente facilitó solicitudes de asilo fraudulentas para al menos 26 personas en Moldova. Estas personas, muchas de las cuales estaban vinculadas a redes de delincuencia organizada, obtuvieron al parecer el estatuto de refugiado en Moldavia alegando persecución. Una vez concedido el asilo, se aprovechó la Resolución sobre Refugiados de Interpol para borrar las notificaciones rojas que se habían publicado contra ellos, lo que les protegió de la persecución.
En New York Times describió esta operación como una "trama altamente coordinada en la que participaron funcionarios moldavos corruptos e intermediarios que se aprovecharon de las salvaguardias de Interpol para proteger a los delincuentes de la extradición". La investigación descubrió pruebas que sugerían el pago de sobornos a las autoridades moldavas para que aprobaran las solicitudes de asilo rápidamente y sin la debida verificación. La presunta implicación de Pîrlog garantizaba que estos casos fraudulentos se tramitaran sin problemas a través de los mecanismos de Interpol.
Preocupación general por el uso indebido de las notificaciones rojas