Blog invitado de Radosveta Vassileva Segunda parte: relato de primera mano de los abusos de Interpol en Bulgaria

En esta segunda parte del blog de Radosveta Vassileva, la jurista escribe sobre el intento de Bulgaria de manipular a la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol y cómo, finalmente, Vassileva pudo recurrir con éxito las difusiones y notificaciones rojas por motivos políticos. El blog concluye resumiendo las lecciones que pueden extraerse de los procesos peligrosamente disfuncionales de Interpol.

Tanto en el caso de mi madre como en el mío, la Fiscalía búlgara se refirió a cargos idénticos y extravagantes: blanqueo de dinero. En realidad, intentaban criminalizar la compra de dos propiedades en transacciones transparentes, debidamente declaradas a Hacienda: yo había comprado un piso y mi madre una casa con dinero que nos había dado directamente mi padre mediante transferencias bancarias oficiales y personales, antes de que se produjera ninguno de los hechos mencionados.

En nuestros dos decretos de preimputación, la Fiscalía argumentó que se trataba de blanqueo de capitales porque mi madre y yo sabíamos incondicional e indiscutiblemente que mi padre estaba implicado en una actividad delictiva grave. A día de hoy no se ha probado ningún delito contra mi padre, y en el momento de la compra no había ninguna investigación penal contra él.

Aunque impugnamos la notificación roja de mi madre y mi difusión por separado, el CCF adoptó una decisión conjunta, declarando que ambas incumplían las normas de Interpol sobre tratamiento de datos y ordenando su supresión. Alegamos falta de base probatoria, ilegalidad y persecución política. La CCF examinó en primer lugar la falta de base probatoria y declaró que no examinaría los demás argumentos, ya que podía adoptar su decisión basándose únicamente en la primera alegación.

El CCF citó el artículo 2.1 del Estatuto de Interpol en relación con el artículo 12 del RPD, que estipula los requisitos de "calidad" de los datos. El CCF concluyó que todo lo que la Fiscalía había demostrado era que era "plausible" que mi madre y yo hubiéramos comprado propiedades con dinero recibido directamente de mi padre. En última instancia, el CCF "[no] encontró que hubiera ningún elemento concreto en cuanto a una intención delictiva o un acto ilícito...".

Nuestro caso también demuestra que una Fiscalía que actúa de mala fe puede utilizar indebidamente el sistema de Interpol para sabotear la supresión de una notificación roja.

Poco después de que impugnáramos la primera notificación roja de mi padre, recibimos un mensaje del CCF en el que se nos comunicaba que el examen de su caso se aplazaría porque la Fiscalía búlgara había emitido entretanto una segunda notificación roja contra él. El CCF pidió a mi padre que comentara otra acusación extravagante: "Delito contra el orden y la paz pública - concertación con una o más personas para cometer delitos en el país o en el extranjero, con el fin de obtener un beneficio patrimonial o ejercer una influencia ilegal en la actividad de un órgano de la autoridad o del gobierno local independiente".

Era la primera vez que mi padre oía hablar de estos cargos tan inquietantes como incomprensibles. Además, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la RPD, la finalidad de una notificación roja es "buscar a una persona buscada" o "localizar a una persona". En aquel momento, la localización de mi padre era bien conocida: se enfrentaba a un procedimiento de extradición en Serbia. Además, según la legislación búlgara, las notificaciones previas no son válidas a menos que se hayan notificado conforme a la ley. La forma legal de notificarlos en estas circunstancias sería a través del Ministerio de Justicia de Serbia.

Después de que el CCF pidiera a mi padre que comentara estas acusaciones, él pidió a su abogado búlgaro que se informara al respecto ante la Fiscalía de Bulgaria. Por escrito, le dieron una respuesta sorprendente: "los cargos no pueden notificarse por razones objetivas y circunstancias imprevistas" (a día de hoy siguen sin notificarse). ¡Qué absurdo tan kafkiano!

La Fiscalía había enviado información adicional sobre mi padre junto con una segunda notificación roja cuando supo que el CCF examinaría el cumplimiento de la primera notificación roja.

El CCF dictó una resolución relativa a las dos notificaciones rojas contra mi padre. Respecto a la segunda, el CCF concluyó que infringía el artículo 10 de la DUDH (derecho a juicio) porque no se había intentado notificar los cargos por delitos contra la paz pública. Como tal, fue suprimida.

En cuanto a la primera, la CCF admitió que había "intereses políticos en juego" en el caso, pero que éste no era predominantemente político. Por lo tanto, la CCF no suprimió la segunda notificación roja. Lamentablemente, el CCF dio crédito a un informe enviado por la Fiscalía junto con la segunda notificación roja como prueba de culpabilidad: en él se afirmaba que mi padre es un peligro para la economía de Bulgaria, es responsable de que no haya inversiones extranjeras directas en Bulgaria, es culpable de que Bulgaria no forme parte de la eurozona y es una amenaza para la seguridad nacional de Bulgaria. El mismo informe se envió a los tribunales serbios para el procedimiento de extradición de mi padre. Es un misterio para mí cómo unas conclusiones tan pomposas, aunque infundadas, tienen valor legal para servir de prueba en un proceso penal; como tal, los tribunales serbios actuaron con buen criterio al dejarlo de lado.

Después de que se concediera asilo político a mi padre, nos dirigimos de nuevo a la CCF para que suprimiera la primera notificación roja, presentando nuevos hechos sobre la base de los cuales la CCF podría llegar a una conclusión diferente (artículo 42 del Estatuto de la CCF). La CCF consideró que la notificación no se ajustaba al RPD y se remitió a los artículos 10(1) sobre la finalidad de Interpol y al artículo 12 sobre la "calidad" de los datos del RPD, así como a las políticas de Interpol en materia de refugiados.

Cuatro abusos del sistema de Interpol fueron posibles gracias a las lagunas de la RPD y a las disfuncionalidades estructurales del sistema judicial búlgaro que permiten a la Fiscalía actuar con impunidad. Hay varias lecciones que extraer:

• En los países que se enfrentan a un grave deterioro del Estado de Derecho, y especialmente en aquellos en los que las OCN son meras extensiones de la Fiscalía, no se puede confiar en que las OCN verifiquen el cumplimiento de la RPD, tal y como se prevé en la RPD.

• El artículo 83(2)(b)(v) de la RPD sólo exige una "referencia a una orden de detención válida", por lo que todo lo que tiene que hacer el Estado requirente es afirmar que tiene cargos válidos y una orden de detención válida. No tiene que demostrar que tiene cargos válidos y una orden de detención válida. Sus palabras se toman al pie de la letra. Esta laguna legal hizo posible la notificación roja de mi madre y la segunda notificación roja de mi padre.

• Los Difusiones son la forma más fácil y rápida de armarse contra una persona incómoda que vive en el extranjero, especialmente si la agenda internacional de la persona es pública. Bastarían unas horas para redactar unos cargos previos, emitir una orden de detención (ilegal) y una Difusión basada en ella.

• Tanto la Secretaría General como la CCF tratan las notificaciones rojas de Bulgaria con una deferencia inmerecida sólo porque Bulgaria es miembro de la UE. Esto explica por qué llevó mucho más tiempo demostrar el incumplimiento de la primera notificación roja de mi padre con la RPD. De hecho, para empezar, mi padre nunca fue acusado del presunto delito por el que la Fiscalía emitió su primera notificación roja. A pesar de ello, bastó con que el CCF mantuviera inicialmente esta notificación sólo porque se le acusaba de otra cosa, a pesar de que en ese momento ya estaba localizado y en proceso de extradición.

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