El artículo 3 del Estatuto de Interpol prohíbe a la Organización participar en actividades políticas. Sin embargo, en los últimos años muchos países no democráticos -no sólo Rusia- han intentado manipular los procedimientos de Interpol publicando difusiones rojas politizadas para atacar a sus adversarios políticos.
Los abusos pueden ser evidentes, como los dirigidos contra políticos de la oposición o activistas que ejercen su derecho a la libertad de expresión o a la protesta pacífica. Pero también puede ser más sutil. Rusia, Turquía, China, Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos, junto con muchos otros miembros de Interpol, llevan tiempo siendo acusados de intentar acosar no sólo a disidentes políticos, sino también a empresarios y otras personalidades públicas (como la estrella de la NBA Enes Kanter) que son percibidas como amenazas para sus intereses políticos o económicos.
Una investigación del Consejo de Europa en 2019 lo confirmó cuando descubrió "que los procedimientos de Interpol habían sido frecuentemente abusados por razones políticas o corruptas por ciertos países."
El anuncio de la semana pasada significa que la Oficina Nacional contra la Delincuencia de Moscú ya no puede publicar directamente difusiones rojas o mensajes de difusión en la base de datos de Interpol. La Secretaría General de Interpol filtrará y controlará todas las solicitudes rusas para comprobar si son reclamaciones antes de difundirlas a otros miembros de Interpol.
Los expertos de Interpol sostienen desde hace tiempo que este tipo de sistema de control debería adoptarse para cualquier miembro de Interpol que tenga un historial de abuso de sus procedimientos. El efecto disuasorio serviría de ejemplo para los infractores reincidentes. La suspensión de Rusia del sistema de difusiones rojas debe ser sólo el principio de una revisión de los procedimientos de Interpol para garantizar que en el futuro no abusen de ellos autocracias y dictaduras que no respetan el Estado de derecho internacional.
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