El Kremlin utiliza las difusiones rojas para silenciar a sus enemigos, e Interpol lo tolera
La semana pasada aportamos pruebas ante la Comisión Mixta de Derechos Humanos del Parlamento sobre cómo Rusia y otros Estados autoritarios utilizan a Interpol como arma contra sus oponentes políticos. Mientras el mundo se centra en la invasión ilegal de Ucrania, Rusia sigue librando una guerra silenciosa de represión transnacional contra sus críticos, utilizando el sistema de notificaciones rojas de Interpol como arma preferida.
Cuando se fundó, Interpol tenía un noble objetivo: facilitar la cooperación policial internacional. Pero ahora se enfrenta a una crisis de legitimidad. Al intentar permanecer neutral entre democracias y dictaduras, Interpol se ha convertido en cómplice involuntario de la represión transnacional.
Dijimos a la Comisión que Rusia ha sido históricamente el país que más ha abusado de los sistemas de Interpol. Hasta el 38% de todas las difusiones rojas publicadas en 2021 -solicitudes de localización y detención provisional de personas en espera de extradición- proceden de Rusia. Las difusiones rojas se han descrito como el rifle de francotirador de los autócratas: a larga distancia, selectivas y devastadoramente eficaces.
¿Cómo funcionan las difusiones rojas de Interpol?
El problema es estructural. Las notificaciones rojas requieren un mínimo de pruebas y escrutinio antes de ser aprobadas. Cuando los particulares impugnan estas difusiones, se enfrentan a un proceso difícil. La Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF), encargada de examinar las impugnaciones, está compuesta por sólo cinco abogados que deben tramitar una carga de trabajo abrumadora.
Una notificación roja no es sólo un inconveniente administrativo. Puede destruir vidas. Las personas con notificaciones rojas no pueden viajar, acceder a servicios bancarios ni obtener visados. Viven con el temor constante de ser detenidas en las fronteras. Si son detenidas, pueden enfrentarse a procedimientos de extradición a países donde la tortura y los juicios injustos son habituales.
Los defensores de los derechos humanos son especialmente vulnerables a la represión transnacional facilitada por Interpol. Hemos visto numerosos casos de activistas, trabajadores de ONG y disidentes perseguidos simplemente por defender los valores democráticos o denunciar la corrupción. Recientemente, hemos observado cómo Rusia amenazaba a periodistas por sus informaciones sobre la invasión de Ucrania, utilizando mecanismos legales como Interpol para silenciar las voces críticas. Estas acciones suponen un golpe devastador contra la libertad de expresión y arrojan más sombras sobre el ya preocupante historial de Rusia en materia de derechos humanos.
Para los solicitantes de asilo y los inmigrantes, una notificación roja puede ser especialmente devastadora. Hemos dicho a la Comisión que no se sabe muy bien qué son las notificaciones rojas: los funcionarios suelen dar por sentado que cualquiera que tenga una notificación roja debe ser un delincuente legítimo. Esto crea un cruel círculo vicioso: necesitas asilo para estar protegido de las notificaciones rojas por motivos políticos, pero la existencia de una notificación roja puede bloquear tu solicitud de asilo.
Cuando Rusia persigue a opositores políticos, rara vez utiliza acusaciones explícitamente políticas. En cambio, encubre su persecución con acusaciones de fraude, corrupción u otros delitos comunes. Incluso hemos visto casos de asesinato políticamente motivados e inventados.
Debemos reconocer que el concepto de neutralidad de Interpol es fundamentalmente erróneo. Una verdadera neutralidad significaría hacer cumplir las normas por igual a todos los Estados miembros, y no hacer la vista gorda ante los abusos sistemáticos. Cuando la policía es el delincuente, hay que elegir entre cooperación y neutralidad.
¿Cómo puede Interpol tomar medidas enérgicas contra Rusia?
Las soluciones no son complejas, sólo políticamente difíciles. Interpol necesita mayor transparencia. Debería publicar estadísticas sobre los países que publican difusiones rojas y el porcentaje de ellos que posteriormente se considera inválido. Debería establecer un sistema de escrutinio escalonado, en el que los países con un historial de abusos se enfrenten a controles reforzados.
Interpol también necesita una financiación adecuada para sus mecanismos de revisión. La CCF, con una escasez crónica de personal, no puede proporcionar una supervisión adecuada. Los países democráticos, que aportan la mayor parte de la financiación estatutaria de Interpol, deberían exigir la reforma como condición para seguir prestando su apoyo financiero.
El gobierno británico también podría hacer más en casa. El Parlamento debería estudiar la posibilidad de promulgar una ley similar a la estadounidense TRAP Act (Transnational Repression Accountability and Prevention), que exija informar sobre los abusos de Interpol. El gobierno debe establecer un mecanismo para que los ciudadanos británicos puedan confirmar discretamente si son objeto de difusiones rojas, en particular los que corren riesgo de represión transnacional.
Al ser interrogados por la Comisión, nos vimos obligados a especular sobre muchos aspectos del funcionamiento de Interpol debido a su notoria opacidad. Esta falta de transparencia sirve a los intereses de los regímenes autoritarios, no a la justicia ni a la seguridad.
El problema va más allá de Rusia
El abuso de Interpol por parte de Rusia no existe de forma aislada. Vemos pautas similares con China, Turquía, los EAU y otros países. Pero Rusia ha sido especialmente descarada. Incluso después de haber sido sometida a "medidas correctivas" en 2022, seguimos viendo difusiones rojas rusas problemáticas que pasan por el sistema con un escrutinio mínimo.
En nuestra práctica jurídica, hemos visto casos recientes en los que Interpol ha permitido que se emitieran difusiones rojas rusas y que se actuara en consecuencia, incluso después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y de supuestas medidas correctivas. Estos casos demuestran un fracaso fundamental de Interpol a la hora de reconocer las violaciones sistémicas de los derechos humanos y las deficiencias del Estado de Derecho en Rusia. El problema no son sólo unas pocas manzanas podridas, sino un sistema judicial fundamentalmente corrompido por las injerencias políticas, la tortura y la ausencia del derecho a un juicio justo.
Interpol sólo ha suspendido a un país en su historia -Siria- y fueron necesarios nueve años de guerra civil y atrocidades documentadas para llegar a ese punto. Mientras tanto, Rusia sigue utilizando Interpol como herramienta de política de Estado a pesar de su invasión ilegal de una nación soberana y de sus crímenes de guerra documentados.
El orden jurídico internacional depende de la confianza y la buena fe. Cuando autocracias como Rusia abusan sistemáticamente de las organizaciones internacionales con fines políticos, la respuesta no puede ser la de siempre. Interpol debe reformarse o corre el riesgo de volverse irrelevante o, lo que es peor, de convertirse en un facilitador activo de la represión transnacional.
El Reino Unido, con su orgullosa tradición de Estado de Derecho y derechos humanos, debería estar a la vanguardia de la exigencia de este cambio. Nuestro Parlamento ha dado un primer paso importante al examinar estas cuestiones. Ahora es el momento de que el gobierno actúe.
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