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Dos abogados defensores de los derechos humanos explican cómo abordar los abusos sistemáticos de los Estados autoritarios

El artículo se publicó originalmente el 9 de mayo de 2025 en The Economist y puede consultarse en aquí.

Durante más de 100 años, Interpol ha desempeñado un papel vital en la lucha contra la delincuencia internacional grave, desde el terrorismo hasta la trata de seres humanos. Sin embargo, la organización policial internacional, compuesta por 196 países miembros, se enfrenta en la actualidad a problemas que socavan la cooperación internacional entre las fuerzas del orden y permiten que Estados autoritarios utilicen sus sistemas para sus propios fines. El reciente nombramiento como Secretario General de Valdecy Urquiza, comisario de policía brasileño, ofrece una oportunidad para una reforma seria. Aunque su predecesor, Jürgen Stock, dejó Interpol en mejores condiciones de las que la encontró, Urquiza tendrá que ir más lejos para resolver sus problemas más arraigados.

El primero de ellos es la gobernanza. El Secretario General, líder a tiempo completo de la organización, está asistido por un comité ejecutivo, básicamente un consejo de administración presidido por un Presidente. El actual presidente es Ahmed Naser Al-Raisi, general de división de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), investigado en varios países por presunta complicidad en torturas (que él niega). El comité ejecutivo de 13 miembros incluye representantes de China y Turquía, dos de los países que más han abusado de la política de Interpol.

En las últimas elecciones al Comité Ejecutivo, los países democráticos no se coordinaron, presentaron numerosos candidatos y dividieron sus votos potenciales, mientras que los Estados autocráticos votaron en bloque. El resultado era previsible: los Estados con un pésimo historial en materia de derechos humanos ganaron más influencia dentro de la organización. En el futuro, las naciones democráticas deben trabajar juntas y unirse en torno a un menor número de candidatos para permitir que la gobernanza de Interpol se oriente hacia la equidad, la independencia y la eficacia.

El modelo de financiación de Interpol agrava sus problemas de gobernanza. La organización, que funciona con un modesto presupuesto anual de unos 200 millones de euros ($225m), depende de tres fuentes de financiación: las contribuciones estatutarias de los países miembros (basadas aproximadamente en el tamaño económico), las donaciones en especie de funcionarios de policía y las contribuciones voluntarias. Justo antes de que el Sr. al-Raisi fuera elegido presidente, la EAU donó 50 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte del presupuesto anual de Interpol, a través de un organismo independiente. ONG. El modelo de financiación debe revisarse para reducir la vulnerabilidad a las dádivas que podrían considerarse compra de influencias. Las donaciones seguirían siendo bienvenidas, pero nunca deben ser a cambio de favores u oportunidades de relaciones públicas. Deberían aumentarse las contribuciones obligatorias para compensar el probable déficit.

Los Estados autoritarios utilizan habitualmente los mecanismos de Interpol para someter a los disidentes. Por ejemplo, Turquía utiliza indebidamente el sistema de documentos de viaje robados/perdidos para perseguir a los opositores al régimen represivo de Recep Tayyip Erdogan. Al denunciar el pasaporte de un disidente como perdido o robado, las autoridades turcas se aseguran de que a sus objetivos se les deniega la entrada en otros países y de que pueden ser devueltos a Turquía, donde se enfrentan a persecución política y detención en condiciones horrendas.

Para leer el artículo completo en el sitio web de The Economist, pulse aquí.

Image: Unsplash

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