Reflexiones sobre Buenos Aires: Interpol, Notificaciones Rojas y el Creciente Desafío de Sudamérica

Regresamos hace poco más de una semana de Buenos Aires, donde pasamos tres días en el Colegio de Abogados hablando sobre el crimen organizado transnacional y el derecho penal internacional. El momento no podría haber sido más relevante.

En los últimos meses, hemos escrito extensamente sobre el aumento de la actividad de Interpol en América del Sur. La declaración de Santiago vio a los jefes de policía comprometerse a un mayor uso de los sistemas de Interpol. La visita del presidente Lula a Lyon resultó en un nuevo grupo de trabajo regional. Reuniones de alto nivel en Brasilia han abordado la delincuencia organizada transnacional. La maquinaria de la cooperación policial internacional se ha estado acelerando en todo el continente.

El seminario reunió a profesionales del derecho, legisladores y académicos de toda América Latina. Nuestra sesión del 2 de diciembre se centró en las operaciones de Interpol, la delincuencia transnacional y la represión transnacional. Exploramos cómo funciona el sistema de la Notificación Roja en la práctica, cómo puede ser explotado con fines políticos y qué mecanismos existen para impugnar las notificaciones abusivas.

Las preguntas abarcaron desde aspectos técnicos del proceso de eliminación del CCF hasta preocupaciones más amplias sobre la gobernanza de la Interpol. La participación de los asistentes reflejó una creciente conciencia de que estos problemas ya no son académicos, sino que están afectando a clientes, ciudadanos e instituciones democráticas en toda la región.

Cristian González Ruiz habló sobre la representación de clientes en litigios penales transnacionales.

La conferencia proporcionó un foro para discutir cómo se puede fortalecer la cooperación internacional en la aplicación de la ley y, al mismo tiempo, prevenir el abuso.

Poco antes de la conferencia, escribimos para LexLatin sobre la instrumentalización de la Interpol por parte de Venezuela. Venezuela, bajo el mandato de Maduro, ha solicitado Notificaciones Rojas contra figuras de la oposición. Estos no son incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón de represión transnacional.

La pieza generó una discusión sustancial en la conferencia. Varios abogados compartieron experiencias con notificaciones políticamente motivadas de varios países de la región. El consenso fue claro: lo que antes se veía como un problema que afectaba principalmente a otros continentes ha llegado a Sudamérica.

La respuesta de los medios sudamericanos fue reveladora. Publicaciones como Diario Estrategia, Líder Legal, EstadoDiario y Lawyerpress NEWS cubrieron nuestras advertencias sobre el uso político de Interpol en América Latina. Esta atención mediática importa: la concienciación pública es el primer paso hacia la reforma.

Mirando hacia el futuro, América del Sur enfrenta desafíos particulares en cuanto a las Notificaciones Rojas. El modelo de El Salvador —más de 800 Notificaciones Rojas activas— demuestra cómo las preocupaciones sobre seguridad pueden servir de cobertura para el acoso masivo. Otros países que enfrentan desafíos similares pueden seguir el ejemplo. La mayor cooperación prometida por la declaración de Santiago crea oportunidades tanto para la aplicación legítima de la ley como para el abuso potencial. Una notificación políticamente motivada de un país puede ahora tener consecuencias en todo el continente.

Algunas de las debilidades institucionales de la región agravan estos riesgos. Muchos países carecen de mecanismos sólidos para impugnar las Notificaciones Rojas. A diferencia de Europa, donde los tribunales examinan regularmente las solicitudes de extradición, las jurisdicciones latinoamericanas pueden carecer del marco legal para impugnar eficazmente el abuso. Estamos viendo Notificaciones Rojas derivadas de disputas comerciales, presentadas como casos penales, desdibujando la línea entre el enjuiciamiento legítimo y la instrumentalización del derecho penal. Si los intentos de Venezuela de utilizar a Interpol contra líderes extranjeros quedan sin ser impugnados, se sienta un precedente que otros gobiernos pueden seguir.

Las conversaciones en Buenos Aires dejaron claro que la conciencia está creciendo, pero la conciencia por sí sola no es suficiente. La región necesita mecanismos de revisión judicial más sólidos, cooperación regional para identificar avisos políticamente motivados y capacitación para abogados y jueces sobre las reglas de Interpol y el proceso del CCF. El monitoreo de la sociedad civil y la presión diplomática sobre los países que abusan sistemáticamente del sistema son igualmente cruciales.

Nuestro tiempo en Buenos Aires subrayó tanto la urgencia de estos problemas como el apetito por soluciones. Como escribimos a principios de este año, el sistema es sólido, pero los sistemas sólidos requieren atención constante. Según lo que vimos en Buenos Aires, América del Sur cuenta con los profesionales dispuestos a realizar este trabajo.

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Imagen: Unsplash